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| Foto: Animal Político |
Un juez federal liberó 83 órdenes de aprehensión contra servidores públicos: 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la Ciudad de Iguala, Guerrero, por el caso Ayotzinapa en el que un militar, con grado de soldado, fue infiltrado en la normal rural “Raúl Isidro Burgos” y al más burdo estilo del daño colateral, lo desaparecieron junto a 42 estudiantes más en septiembre de 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró también órdenes de aprehensión contra 5 autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; 6 de Iguala y 1 de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, informó la Fiscalía.
“Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”, agregó.
Murillo Karam, detenido
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| Cartón: Monero El Fisgón |
El viernes 19 de agosto, la FGR, en coordinación con elementos de la Marina, detuvo al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam recibió prisión preventiva justificada este sábado. Se quedará en el Reclusorio Norte hasta su próxima audiencia, en la que se definirá si queda vinculado a proceso o no por delitos relacionados con su participación en el caso Ayotzinapa.
La defensa del exfuncionario solicitó duplicidad del término, por lo cual la siguiente audiencia del exprocurador estaría fijada para el 24 de agosto a las 8:00 horas, donde se decidirá si se vincula a proceso.
La FGR solicitó al juez federal la prisión preventiva justificada para el exprocurador, pues tiene los medios para fugarse. La defensa buscó argumentar que por el estado de salud del exfuncionario no era conveniente que se quede en prisión.
