Caso Colosio: Hubo un segundo tirador y García Luna lo encubrió, dice la FGR

La Fiscalía General de la República presentó evidencia de un segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato presidencial del PRI. 

Sin embargo, en un comunicado, la FGR denunció que "hace 20 días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente  Genaro “G” (García Luna), quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana".

Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos, dice la Fiscalía.  

Todas las pruebas aportadas por la FGR, -agrega- y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de Colosio. 

Detalla que las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.

Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima.

Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia, subraya la FGR.

El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.

La testigo a la que se refiere el periódico Reforma que este lunes expone el caso, señalándola como “la única prueba”; ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido; mientras que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esa nota periodística, aclara la dependencia.

Reforma cita el testimonio de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Aburto en la fábrica de plásticos Camero Magnéticos, en la Mesa de Otay. 

En este caso, "el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance", advierte la Fiscalía.

Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del CISEN, señalado por la FGR como el segundo tirador, del caso Colosio. 

La FGR anunció que irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

83 órdenes de aprehensión por desaparición de normalistas de Ayotzinapa

Foto: Animal Político

 Un juez federal  liberó 83 órdenes de aprehensión contra servidores públicos: 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la Ciudad de Iguala, Guerrero, por el caso Ayotzinapa en el que un militar, con grado de soldado, fue infiltrado en la normal rural “Raúl Isidro Burgos” y al más burdo estilo del daño colateral, lo desaparecieron junto a 42 estudiantes más en septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró también órdenes de aprehensión contra 5 autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; 6 de Iguala y 1 de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

“Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, informó la Fiscalía.

“Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”, agregó.

Murillo Karam, detenido

Cartón: Monero El Fisgón

El viernes 19 de agosto, la FGR, en coordinación con elementos de la Marina, detuvo al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

Murillo Karam recibió prisión preventiva justificada este sábado. Se quedará en el Reclusorio Norte hasta su próxima audiencia, en la que se definirá si queda vinculado a proceso o no por delitos relacionados con su participación en el caso Ayotzinapa.

La defensa del exfuncionario solicitó duplicidad del término, por lo cual la siguiente audiencia del exprocurador estaría fijada para el 24 de agosto a las 8:00 horas, donde se decidirá si se vincula a proceso.

La FGR solicitó al juez federal la prisión preventiva justificada para el exprocurador, pues tiene los medios para fugarse. La defensa buscó argumentar que por el estado de salud del exfuncionario no era conveniente que se quede en prisión.

Juez ordena encarcelar a Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte

 

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, permanecerá en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras la decisión de un juez federal que le dictó prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra y se materializa el criterio de oportunidad que su defensa construye con la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución del juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, explica que, ante el avance del proceso penal y una elevada necesidad de cautela, aunado a la red familiar de Lozoya en México y en el extranjero, así como a su acreditada capacidad financiera, decidió modificar las medidas cautelares.

Explica que aún cuando contaba con el beneficio de la libertad condicional, dicha medida cautelar no se podía considerar como un derecho adquirido, por lo que atendiendo nuevos elementos de prueba como una cuenta bancaria en la que se depositaron dos millones de euros, accedía a la solicitud de la FGR de dictar la prisión preventiva justificada.

Advirtió que desde la primera audiencia existían condiciones para dictar la medida de prisión justificada en contra de Lozoya Austin y que no se había ordenado dicha medida cautelar porque la FGR no lo había solicitado, a pesar de que siempre habían existido dichas condiciones.

Insiste Lozoya en su inocencia

En la audiencia, el ex funcionario se declaró inocente, pero que se intenta llegar a un acuerdo para reparar el daño, aunque él no haya tenido responsabilidad.

Cabe recordar que Emilio Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht. 

Además, se le acusa de recibir 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.

Termina la investigación complementaria

Durante la parte inicial de la audiencia, la defensa solicitó 60 días de prórroga para el cierre de la investigación complementaria, bajo el argumento de que requerían que las autoridades judiciales brasileñas informaran si aún se sostiene el convenio de colaboración con Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México. 

Los abogados de Lozoya Austin explicaron que requieren conocer si Meneses Weyll aún es reconocido por el gobierno brasileño como testigo protegido, para considerar el valor de sus declaraciones, que incluyen haber entregado sobornos al ex directivo petrolero.

La FGR se pronunció en contra y solicitó declarar cerrada la etapa de investigación complementaria, puesto que los documentos que alude la defensa para solicitar el plazo adicional ya se encuentran en la carpeta de investigación.

Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -denunciantes de Lozoya- se unieron a la pretensión de la Fiscalía.

Se le acabó el tiempo

Este 3 de noviembre terminaba el plazo para que Emilio Lozoya aportara las pruebas de que entregó sumas millonarias aportadas por Odebrecht como “soborno” a seis senadores y un diputado federal para que aprobaran la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, el inculpado ha perdido testigos clave de sus acusaciones: dos negaron los hechos y dos fallecieron.

Aunque Lozoya y sus abogados alargaron el periodo de aportación de pruebas, el plazo se agotó. 

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto de 2020, Lozoya expuso que dos personajes aportarían pruebas de lo dicho en su denuncia: Rodrigo Arteaga Santoyo, su antiguo secretario particular, y Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex cuando Lozoya era titular de la dependencia. 

Arteaga Santoyo presuntamente aportaría los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos a los legisladores, mientras que Olascoaga revelaría un video que captaba una de las entregas de dinero al enlace del PAN.

Nada sucedió. Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, Arteaga y Olascoaga rechazaron la acusación. El primero negó tener recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo; el segundo descartó tener el video de entrega de dinero a este mismo personaje, así como participar en entregas de recursos. El video que se hizo público fue filtrado a través de redes sociales en una cuenta a nombre del hermano de Lozoya.

Familiares implicados

En la denuncia que Lozoya Austin presentó a cambio de ser beneficiado con el criterio de oportunidad para permanecer en libertad, y que fue filtrada por la misma FGR, denunció que se “sobornó” a seis senadores y un diputado federal para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. 

Los legisladores que presuntamente recibieron sumas millonarias de dinero en efectivo son: el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, así como sus homólogos panistas Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.

En su denuncia, Lozoya afirmó que también fue “sobornado” con 6 millones 800 mil pesos Ricardo Anaya Cortés, en aquel tiempo coordinador de los diputados federales panistas.

En el apartado titulado Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales, Lozoya Austin destaca que la entrega de sobornos a los legisladores mencionados se hizo por instrucciones de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en esos años, y con el conocimiento de Enrique Peña Nieto.

Según la orden de aprehensión en la causa penal 261/2019, el exdirector de Pemex ordenó en noviembre de 2012 el depósito de 180 mil dólares, provenientes de la cuenta 24000880974.60T de la empresa Tochos Holdings Limited, a su mamá, Gilda Margarita, en una cuenta de un banco mexicano, “bajo el concepto de pago de impuestos y abogados”.

El caso de su hermana Gilda Susana es el de una estudiante a nombre de quien aparecieron inmuebles y cuentas bancarias a pesar de que, en ese momento, ella no percibía ningún ingreso.

En diciembre de 2020 un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte ordenó ejecutar la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa. La FGR la señaló como copartícipe en el caso de Agronitrogenados. 

En junio de 2012 se detectaron transferencias de la empresa Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), a favor de Tocho Holdings, empresa de la cual Gilda Susana es la beneficiaria principal, captando un monto de 3 millones de dólares, usados, de acuerdo a la FGR, para la compra de una residencia de lujo ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los recursos son resultado de un soborno para que Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, comprara la planta en desuso de fertilizantes a AHMSA, provocando una pérdida a la paraestatal con un costo de 273 millones de pesos. Gilda Susana, al igual que su madre y su cuñada, sigue en libertad por amparos promovidos por su abogado.

En febrero de 2021, el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, fue ingresado en el Reclusorio Norte; sin embargo, en abril salió en libertad gracias a un acuerdo reparatorio que firmó con Pemex.

Ancira se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño por haber realizado la venta con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados Pemex y, según el convenio de acuerdo reparatorio firmado ante el juez de la causa en contra de Ancira, el empresario y los representantes de AHMSA y de Grupo Acerero del Norte aceptaron dejar en garantía activos empleados para la producción de acero, carbón, instalaciones inmobiliarias, como son las oficinas de Cintermex que se localizan en el Parque Fundidora, en Monterrey, una fracción de terreno en Monclova, Coahuila, equipos de generación de energía eléctrica e instalaciones y equipos que se localizan en Cozumel, Quintana Roo.

Sin embargo Ancira incumplió el acuerdo, que señalaba un plazo de 90 días a partir de la firma. 

El plazo venció el 19 de julio, a pesar de ello, Ancira sigue en libertad y el gobierno mexicano no ha hecho válida la garantía para recuperar los más de 216 millones de dólares. 

Según la carpeta de investigación a cargo de la FGR, Ancira supuestamente sobornó con 3.4 millones de dólares a Emilio Lozoya para que éste gestionara ante el Consejo de Administración de Pemex la compraventa a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Asimismo, Lozoya involucró a funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón, como José Antonio Meade Kuribreña, Ernesto Cordero Arroyo y a José Antonio González Anaya. Dijo que en 2011 y 2012, y aun después siguieron en contubernio con Luis Videgaray para satisfacer pretensiones de que continuara el contrato de Etileno XXI.

Desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la Procuraduría General de la República, sin que hubiera ningún avance; y fue hasta 2019, en que la FGR, investigó el caso, que fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Lozoya era uno de los principales responsables. 

Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país. Durante más de un año, la Fiscalía investigó dicha fuga, junto con las áreas de INTERPOL; hasta que fue localizado en España, donde Lozoya perdió todas las instancias de extradición. 

En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el Artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos; y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización; presentando, en el asunto Odebrecht, la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht. 

Criptograma Noticias, con información de la Fiscalía General de la República, Proceso, Aristegui Noticias

Ve PAN "tinte político electoral" en la solicitud de desafuero de gobernador de Tamaulipas

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un claro tinte político electoral. 

“López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria”, afirmó. 

Cortés Mendoza agregó que Morena está acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora pretenden utilizar la FGR para fines electorales. 

Comentó que el Partido Acción Nacional (PAN) estará a favor del Estado de Derecho y respetará cualquier decisión que ejecute una autoridad judicial, pero no podemos permitir un Estado de Derecho a modo y a gusto del gobierno. “México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo”, recalcó. 

El dirigente político añadió que Morena, ante su pésimo gobierno y evidentes actos de corrupción, ya está sintiendo la presión y saben que el PAN ya le está pisando los talones en muchas entidades y distritos federales, donde afirman estar arriba o a punto de sobrepasarlos. "Por eso tienen tanto miedo y están utilizando cualquiera de sus artimañas para tratar de desbancarnos, pero no lo van a lograr, porque somos más los que queremos que México no se hunda y no se vaya a un abismo del que difícilmente pueda salir". 

El PAN lamentó que -a su juicio- manipulen a la Fiscalía para ganar lo que no pueden ganar en las urnas, pero advirtieron que cuentan con las mejores mujeres y los mejores hombres para llegar a la victoria este 6 de junio. 

Recordó que el PAN en las pasadas elecciones ganó todo en Tamaulipas, "y por ello ahora quieren arremeter contra nuestro gobernador, con acusaciones falsas y sin pruebas contundentes". 

Externamos nuestro profundo rechazo a cualquier persecución política que se pretenda hacer contra cualquier opositor al mal gobierno y contra nuestros mandatarios locales, herramienta que por lo general utilizan los gobiernos autoritarios para debilitar a la oposición. 

Finalmente, consideró que es inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar al mandatario acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, para distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Criptograma

FGR solicita desafuero del gobernador de Tamaulipas

 

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

La Mesa Directiva recibió el oficio de parte de tres agentes del Ministerio Público federal.

El gobernador tamaulipeco ha sido señalado de recibir sobornos por la aprobación de la reforma energética. Sin embargo, se desconoce si es el caso por el que la FGR pide su desafuero.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio Mier, publicó en su cuenta de Twitter el documento que entregó esta tarde la Fiscalía.

Momentos después, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de Twitter, acusó al partido político Morena de filtrar una “supuesta acusación” en su contra. 

Señaló que esperará la notificación de la solicitud de juicio de procedencia en su contra.

Y los gobernadores emanados del PAN, cerraron filas con el gobernador. Ni siquiera han visto la evidencia y ya, a ciegas, respaldan a un presunto indiciado.  

Criptograma Mx

"Dando y dando"; audio de la madre de El Mochomo sobre sobornos a Juzgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hubo dinero de por medio en la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo y para demostrarlo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un audio.

La intervención telefónica realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), da cuenta de un soborno -según la FGR de “millones de pesos“- a funcionarios de un juzgado de distrito para que liberaran al presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Francelia Salgado Patiño, madre de El Mochomo, habla presuntamente con uno de los abogados sobre el pago para obtener la libertad de su hijo, señalado como líder de Guerreros Unidos, quien fue detenido el 24 de junio en Metepec, Estado de México.

“Acuérdese que quedamos que, como dicen, dando y dando… Nosotros no nos vamos a echar para atrás, ya ve que nosotros vamos a cumplir, pero queremos dando y dando… Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos en eso”, dice la mujer.

"Se acabó la verdad histórica" del caso Ayotzinapa: FGR

Tras la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que fueron solicitadas 46 órdenes de aprehensión adicionales en contra de funcionarios en Guerrero acusados de presuntamente haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada… se acabó la verdad histórica”, dijo Gertz.

Este lunes se informó sobre la detención de Casarrubias Salgado, señalado como uno de los principales líderes del cártel Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Casarrubias Salgado es hermano de Sidronio y Adán Zenen Casarrubias Salgado, líderes del cártel y cuyas comunicaciones durante los hechos en Iguala, Guerrero, fueron intervenidas por autoridades estadounidenses, de acuerdo con información judicial de la Unión Americana.

En los mensajes se constata la coordinación entre los hermanos para atacar a los estudiantes.

En el mensaje, Gertz Manero agregó que los funcionarios guerrerenses acusados como parte de las nuevas pesquisas no habían sido investigados en el anterior gobierno.

Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República”, expresó.

El titular de la FGR añadió reiteró que el gobierno federal busca la aprehensión de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que existe una ficha roja de la Interpol para la captura del ex funcionario, pieza clave en la construcción de “la verdad histórica” planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición.

“Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República; entre ellos, Tomás “Z”, quien huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de INTERPOL, para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente”, expresó.

El funcionario federal agregó que diversos funcionarios que habían sido consignados durante el anterior fueron eventualmente liberados por inconsistencias en las investigaciones del gobierno de Peña Nieto.

“En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.

“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, sostuvo el fiscal.

Se rearmó cronología del caso

Gertz Manero añadió que, tras las indagatorias relanzadas por la FGR durante el actual gobierno, a través de la Fiscalía Especial en materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, se iniciaron nuevos casos por delitos que no habían sido investigados previamente.

“Se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar; ya que son, fundamentalmente, la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas.

“Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delito”, declaró.

Como parte de las indagatorias, las autoridades darán nuevos informes en torno a los restos humanos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, por este gobierno.

“Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles; así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados, en diligencias absolutamente apegadas a derecho”, sostuvo.

Agregó que se ofrecerá mayor información sobre el caso en los próximos días.

“La información detallada de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el Fiscal de Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme la autoridad judicial nos lo vaya permitiendo”, expresó.