Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía de Morelos catearon y aseguraron una residencia con valor de 7.5 millones de pesos. La mansión pertenece presuntamente a Raymundo Collins, quien fuera, director del del Instituto de Vivienda de la CDMX en el gobierno del perredista Miguel Ángel Mancera.
En rueda de prensa, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, detalló que la propiedad, ubicada en la colonia Playa Coqueta,a orillas del Lago de Tequesquitengo,municipio de Jojutla, Morelos, está diseñada concinco habitaciones, vista y acceso al lago, alberca y asoleadero.
“Dicho inmueble posiblemente se encuentra relacionado con el exdirector del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México durante la pasada administración, a quien se investiga por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, dijo.
Foto: FGJCDMX
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Esta residencia se suma a otra cateada en 2020, también propiedad de Collins, donde encontraron una colección de 41 autos clásicos, tres motos acuáticas, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha, además de distintas obras de arte, que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que Sandra ‘N’ y Antuan ‘N’, presuntos agresores de una enfermera en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, norte de la capital, fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación, tras salir de una audiencia en los juzgados orales del Tribunal Superior de Justicia capitalina, en la colonia Doctores.
Ambos sujetos fueron acusados de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, y discriminación, en agravio de una trabajadora de la salud.
De acuerdo con la FGJ, el pasado viernes 17 los detenidos gritaron a la enfermera: “maldita, nos trae el coronavirus”, al tiempo que le arrojaron un químico sobre el cuerpo.
En un comunicado, la dependencia capitalina detalló que ese mismo día la Fiscalía Desconcentrada en Gustavo A. Madero inició carpeta de investigación para ejercer acción penal en contra de los agresores, quienes ahora se sabe cuentan con antecedentes penales y serán presentados ante la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.
La FGJ reconoció el esfuerzo, entrega, vocación y valentía de los trabajadores de la salud, y declaró que no permitirá agresión alguna en su contra, por lo que –advirtió– actuará de manera implacable, inmediata y con todo el rigor de la ley hacia quien atente contra la integridad de personal médico.
