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| Foto: gao.gov |
El pasado 4 de agosto, el Gobierno de México demandó en un tribunal federal de Massachusetts, a 11 fabricantes de armas, implicándolos directamente en el tráfico ilegal de armamento de Estados Unidos hacia el sur y responsabilizándolos indirectamente de la violencia criminal y asesinato de miles mexicanos con las armas que fabrican.
El juez Dennis Saylor, de la Corte Federal de Massachusetts, dio como plazo al gobierno de México el día 23 de enero de 2022 para responder a las 11 empresas estadounidenses fabricantes de armas, y fijó el día 27 de ese mismo mes para celebrar la audiencia sobre la petición de desechar el caso a solicitud de los armeros.
La orden del juez Saylor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implica que se deberán presentar argumentos en contra de la solicitud de los 11 fabricantes de armas estadunidenses demandados, para rechazar la anulación de la demanda.
Los fabricantes de armas argumentan que para la fabricación y venta de armas y municiones ellos cumplen con todas las leyes locales, estatales y federales que regulan este comercio, por lo que no tienen ninguna responsabilidad en el mercado negro de los armamentos.
Los fabricantes se justifican al señalar que no tienen responsabilidad alguna en los hechos de que cualquier persona compre armas en sus dispendios y luego las trafique ilegalmente a México.
La ley federal de Estados Unidos garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada y sus familiares.
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado en 2020, descubrió que el 70 por ciento de las armas de fuego reportadas como recuperadas en México desde 2014 hasta 2018 y enviadas para rastreo, eran de origen estadounidense.
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