El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, permanecerá en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras la decisión de un juez federal que le dictó prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra y se materializa el criterio de oportunidad que su defensa construye con la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución del juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, explica que, ante el avance del proceso penal y una elevada necesidad de cautela, aunado a la red familiar de Lozoya en México y en el extranjero, así como a su acreditada capacidad financiera, decidió modificar las medidas cautelares.
Explica que aún cuando contaba con el beneficio de la libertad condicional, dicha medida cautelar no se podía considerar como un derecho adquirido, por lo que atendiendo nuevos elementos de prueba como una cuenta bancaria en la que se depositaron dos millones de euros, accedía a la solicitud de la FGR de dictar la prisión preventiva justificada.
Advirtió que desde la primera audiencia existían condiciones para dictar la medida de prisión justificada en contra de Lozoya Austin y que no se había ordenado dicha medida cautelar porque la FGR no lo había solicitado, a pesar de que siempre habían existido dichas condiciones.
Insiste Lozoya en su inocencia
En la audiencia, el ex funcionario se declaró inocente, pero que se intenta llegar a un acuerdo para reparar el daño, aunque él no haya tenido responsabilidad.
Cabe recordar que Emilio Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Además, se le acusa de recibir 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
Termina la investigación complementaria
Durante la parte inicial de la audiencia, la defensa solicitó 60 días de prórroga para el cierre de la investigación complementaria, bajo el argumento de que requerían que las autoridades judiciales brasileñas informaran si aún se sostiene el convenio de colaboración con Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México.
Los abogados de Lozoya Austin explicaron que requieren conocer si Meneses Weyll aún es reconocido por el gobierno brasileño como testigo protegido, para considerar el valor de sus declaraciones, que incluyen haber entregado sobornos al ex directivo petrolero.
La FGR se pronunció en contra y solicitó declarar cerrada la etapa de investigación complementaria, puesto que los documentos que alude la defensa para solicitar el plazo adicional ya se encuentran en la carpeta de investigación.
Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -denunciantes de Lozoya- se unieron a la pretensión de la Fiscalía.
Se le acabó el tiempo
Este 3 de noviembre terminaba el plazo para que Emilio Lozoya aportara las pruebas de que entregó sumas millonarias aportadas por Odebrecht como “soborno” a seis senadores y un diputado federal para que aprobaran la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, el inculpado ha perdido testigos clave de sus acusaciones: dos negaron los hechos y dos fallecieron.
Aunque Lozoya y sus abogados alargaron el periodo de aportación de pruebas, el plazo se agotó.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto de 2020, Lozoya expuso que dos personajes aportarían pruebas de lo dicho en su denuncia: Rodrigo Arteaga Santoyo, su antiguo secretario particular, y Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex cuando Lozoya era titular de la dependencia. Arteaga Santoyo presuntamente aportaría los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos a los legisladores, mientras que Olascoaga revelaría un video que captaba una de las entregas de dinero al enlace del PAN.
Nada sucedió. Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, Arteaga y Olascoaga rechazaron la acusación. El primero negó tener recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo; el segundo descartó tener el video de entrega de dinero a este mismo personaje, así como participar en entregas de recursos. El video que se hizo público fue filtrado a través de redes sociales en una cuenta a nombre del hermano de Lozoya.
Familiares implicados
En la denuncia que Lozoya Austin presentó a cambio de ser beneficiado con el criterio de oportunidad para permanecer en libertad, y que fue filtrada por la misma FGR, denunció que se “sobornó” a seis senadores y un diputado federal para aprobar la reforma energética de Peña Nieto.
Los legisladores que presuntamente recibieron sumas millonarias de dinero en efectivo son: el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, así como sus homólogos panistas Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
En su denuncia, Lozoya afirmó que también fue “sobornado” con 6 millones 800 mil pesos Ricardo Anaya Cortés, en aquel tiempo coordinador de los diputados federales panistas.
En el apartado titulado Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales, Lozoya Austin destaca que la entrega de sobornos a los legisladores mencionados se hizo por instrucciones de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en esos años, y con el conocimiento de Enrique Peña Nieto.
Según la orden de aprehensión en la causa penal 261/2019, el exdirector de Pemex ordenó en noviembre de 2012 el depósito de 180 mil dólares, provenientes de la cuenta 24000880974.60T de la empresa Tochos Holdings Limited, a su mamá, Gilda Margarita, en una cuenta de un banco mexicano, “bajo el concepto de pago de impuestos y abogados”.
El caso de su hermana Gilda Susana es el de una estudiante a nombre de quien aparecieron inmuebles y cuentas bancarias a pesar de que, en ese momento, ella no percibía ningún ingreso.
En diciembre de 2020 un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte ordenó ejecutar la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa. La FGR la señaló como copartícipe en el caso de Agronitrogenados.
En junio de 2012 se detectaron transferencias de la empresa Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), a favor de Tocho Holdings, empresa de la cual Gilda Susana es la beneficiaria principal, captando un monto de 3 millones de dólares, usados, de acuerdo a la FGR, para la compra de una residencia de lujo ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Los recursos son resultado de un soborno para que Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, comprara la planta en desuso de fertilizantes a AHMSA, provocando una pérdida a la paraestatal con un costo de 273 millones de pesos. Gilda Susana, al igual que su madre y su cuñada, sigue en libertad por amparos promovidos por su abogado.
En febrero de 2021, el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, fue ingresado en el Reclusorio Norte; sin embargo, en abril salió en libertad gracias a un acuerdo reparatorio que firmó con Pemex.
Ancira se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño por haber realizado la venta con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados Pemex y, según el convenio de acuerdo reparatorio firmado ante el juez de la causa en contra de Ancira, el empresario y los representantes de AHMSA y de Grupo Acerero del Norte aceptaron dejar en garantía activos empleados para la producción de acero, carbón, instalaciones inmobiliarias, como son las oficinas de Cintermex que se localizan en el Parque Fundidora, en Monterrey, una fracción de terreno en Monclova, Coahuila, equipos de generación de energía eléctrica e instalaciones y equipos que se localizan en Cozumel, Quintana Roo.
Sin embargo Ancira incumplió el acuerdo, que señalaba un plazo de 90 días a partir de la firma.
El plazo venció el 19 de julio, a pesar de ello, Ancira sigue en libertad y el gobierno mexicano no ha hecho válida la garantía para recuperar los más de 216 millones de dólares.
Según la carpeta de investigación a cargo de la FGR, Ancira supuestamente sobornó con 3.4 millones de dólares a Emilio Lozoya para que éste gestionara ante el Consejo de Administración de Pemex la compraventa a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Asimismo, Lozoya involucró a funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón, como José Antonio Meade Kuribreña, Ernesto Cordero Arroyo y a José Antonio González Anaya. Dijo que en 2011 y 2012, y aun después siguieron en contubernio con Luis Videgaray para satisfacer pretensiones de que continuara el contrato de Etileno XXI.
Desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la Procuraduría General de la República, sin que hubiera ningún avance; y fue hasta 2019, en que la FGR, investigó el caso, que fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Lozoya era uno de los principales responsables.
Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país. Durante más de un año, la Fiscalía investigó dicha fuga, junto con las áreas de INTERPOL; hasta que fue localizado en España, donde Lozoya perdió todas las instancias de extradición.
En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el Artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos; y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización; presentando, en el asunto Odebrecht, la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht.
Criptograma Noticias, con información de la Fiscalía General de la República, Proceso, Aristegui Noticias
